LA ÉTICA FRENTE A
LA CORRUPCIÓN
ÉTICA
Es la ciencia de la conducta humana,
que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros
semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades
diarias.
Se dice que la Ética es una ciencia,
porque es una disciplina racional ya que parte de los actos humanos y los
transporta hasta llegar a sus principios.
La Ética es un conjunto de
conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en la experiencia y
fundados en principios.
La ética puede definirse como la
ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos según principios
racionales.
La ética es una parte de la
filosofía, de ahí que su método y características de investigación hayan de
concordar con ésta disciplina.
Diversos autores coinciden en señalar
que las virtudes o valores básicos del ser humano son: la prudencia, la
fortaleza, la templanza, la Justicia, la solidaridad, la autenticidad, la
fidelidad, la bondad, el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la
amistad, la belleza, la paz, la laboriosidad.
Además a estos nosotros podemos
agregar la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el respeto a la
dignidad de las personas.
CORRUPCIÓN
La corrupción, se define, como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado, Todo uso
ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de
consideraciones de beneficio personal o político, o
simplemente como el uso arbitrario del poder. Se define a la corrupción como un fenómeno social, a
través del cual un servidor público es impulsado a actuar
en contra de las leyes, normatividad y prácticas
implementados, a fin de favorecer intereses particulares. La corrupción
también ha sido definida como el comportamiento político desviado (falta de ética política); conducta política contraria a las normas jurídicas (falta de ética
jurídica y política) y usurpación privada de lo que corresponde al dominio público. Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que
necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción
no siempre benefician únicamente intereses particulares.
La corrupción se define como un acto
racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del
interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés
egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa e indirectamente.
La corrupción puede beneficiar a
familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural.
Esta tendencia se presenta y existe
en todo tipo de organizaciones, en dónde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades
que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas
susceptibles a sus circunstancias y situaciones.
Sin embargo mucho se ha intentado
hacer para combatir este mal que desquebraja la sociedad de una manera voraz, dando
resultados poco notorios.
El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias,
o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores)
constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente
entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones,
llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a
la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se
corrompen.
Consecuencias de la corrupción
· Favorece la
consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.
· Erosiona la
credibilidad y legitimidad de los gobiernos.
· Reduce los ingresos fiscales e impide que los
escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.
· Permite la
aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o
legitimidad popular.
· Revitaliza
una cultura corrupta y contribuye a su
proliferación.
LA
ÉTICA EN SU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Un análisis exhaustivo respecto a la
manera de impedir la corrupción y evitar que los individuos que ocupan cargos
públicos practiquen actitudes indebidas conduce a la afirmación de que la causa
inevitable de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público, y esto
sucede porque el individuo decide realizar la acción corrupta. Si el individuo
ya ha decidido cometer un acto corrupto, planeará la manera de evadir las
normas y los mecanismos de control. En todo caso está en él la decisión de
actuar o frenarse.
Esto puede lograrse aminorar gracias
a la sensibilización, al desarrollo de la conciencia, a la madurez de juicio,
resultando el establecimiento de unos principios internos y un dominio del
carácter. Son los principios y el carácter los que impiden o hacen actuar a una
persona, y la ética es la disciplina que los muestra.
Así llegamos al campo de la
ética, la cual, al ser aplicada al ámbito público, pasa a denominarse
“ética pública” o “ética para la administración pública”. La ética, al
referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la
política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no sólo
requiere funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto
que son éstos últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de
autonomía en las decisiones y de estas decisiones depende a su vez la actuación
de los principios. La ética pública es un elemento importante para hacer
contrapeso no sólo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al
inyectar un conjunto de principios y valores y así revitalizar por un
lado a las instituciones públicas y por otro a los servidores públicos,
entendiendo como tales a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven
al Estado, políticos y funcionarios. La ética no pretende ser la solución a los
problemas que enfrenta la administración pública, ni la varita mágica
para acabar con la corrupción, sino un instrumento más para
combatirla.
La ética en los servidores públicos
es un elemento que auxilia para lograr concientizar en sólidos principios de
conducta ética y así generar una mayor excelencia en la calidad y gestión de
los intereses colectivos, los funcionarios y equipo técnico, al trabajar para
los políticos y ser los operadores de las instituciones públicas, se convierten
en corresponsables de la función de gobierno
La ética de la función pública
es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía. Es
además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del
poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la
confianza en la administración y sus instituciones. La ética es un factor clave
para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta
honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los
asuntos públicos.
Toda persona que participa de la
función pública, debe tomar conciencia de que el servicio público se define
como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las
personas que integran el Estado. El servidor público se debe a su
comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una
responsabilidad y un compromiso con ella. El político y el funcionario público
no deben olvidar que están para servir a la comunidad no para servirse de ella.
Todo buen gobernante sirve a su país y no se sirve de él.
La corrupción es el resultado del
descuido que se ha tenido en la implementación y práctica de la ética en el
ámbito público, son las distintas actitudes antiéticas de los servidores
públicos. La corrupción, aparece en distintos gobiernos y administraciones
públicas al grado de que es posible afirmar que hoy en día la corrupción es un
fenómeno mundial. Si bien la corrupción ha acompañado al hombre en su
historia, es en las últimas décadas del siglo XX cuando los casos conocidos han
sido inauditos. Actualmente, la corrupción es una enfermedad dentro de
los gobiernos. No obstante es importante señalar que en los últimos años cobra
importancia el interés por combatir este mal mediante distintas maneras, una de
ellas la ética pública.
La causa inevitable e
irreductible de la corrupción, es la conducta deshonesta del actor público. La
corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su
entorno, toma la decisión de realizar una acción determinada, la acción
corrupta. Y esa es precisamente la razón por la que siempre existirá la
corrupción, no hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto tan
eficaz para impedir totalmente una opción individual de este tipo. En
todo caso ese sistema o antídoto tendrá mucha más fuerza si es interna al individuo
(principios y valores) que si es externa (códigos, leyes). La política y la
vida pública están corrompidas. El desvío de fines y recursos económicos dentro
de los gobiernos y administraciones públicas del mundo es una realidad cada vez
más evidente. La corrupción es un vicio que se ha establecido y es ya una
característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector
público como en el privado, se concluye que ningún país en el mundo es
inmune a la corrupción política. El problema abarca una variedad de actos
cometidos por líderes políticos antes, durante o después de dejar el cargo.
Incluye actos proscritos por las leyes nacionales e internacionales así como
actividades que son ilegales, pero que tienen una influencia corruptora en el
proceso político,
El costo de la corrupción Sin duda es
demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado. La falta de ética en
el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta
mediante actos concretos con repercusiones evidentes en la que políticos y
funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones para beneficio propio,
solos o en complicidad con grupos, desviando los recursos públicos y afectando
a una parte de la sociedad al generar desigualdad. La inmoralidad es un componente
de la sociedad, una realidad que produce sectores marginados o condenados a la
pobreza.
En cualquier caso los efectos que
conlleva la corrupción son negativos, turbulencia, confusión, incertidumbre,
anarquía, desconfianza de la población en el gobierno, lentitud deliberada en
los servicios, derroche de recursos, desaprovechamiento y perdida del
patrimonio, uso indebido de las funciones, negligencia en el personal público,
tráfico de influencias, malversación, inadecuado uso del patrimonio público,
etc.
Hay varios canales a través de
los cuales la corrupción dificulta el desarrollo económico. Entre estos se
incluyen la reducción en la inversión extranjera directa, incremento
desmesurado del gasto del gobierno, distorsión de la composición del gasto de
gobierno alejándose de la educación, la salud y el mantenimiento de las
infraestructuras, hacía unos proyectos públicos menos eficientes que tienen un
mayor ámbito para la manipulación y las oportunidades de obtención de sobornos.
La lucha contra la corrupción no sólo
debe ser en lo macro mediante estrategias institucionales que intenten ser
impactantes, ya sea porque se anuncian en los medios de comunicación o porque
se hacen escándalos públicos. La pelea no es virtual, general y abstracta
por el contrario deber ser real, individual, práctica y palpable. De nada
sirven convenios, declaraciones, amenazas, nuevas leyes si para el corrupto son
letra muerta. Aunque los actos de corrupción son reales, son como
fantasmas, fugaces, por lo que es difícil percibirlos. Sabemos que
existe, incluso sabemos quiénes son corruptos, pero ante la ausencia de
evidencias es difícil actuar. El combate a la corrupción normalmente
cubre los elementos institucionales y represivos pero concentra poca atención en
la prevención de la conducta del individuo. La corrupción es uno de los
retos más grandes que enfrenta el mundo contemporáneo. Su práctica genera
alteraciones en la vida diaria y transforma los valores de los pueblos. Debido
a que durante el acto de corrupción una de las partes pertenece a la
administración pública, se hace necesario que aquellos que forman parte del
sector público sean individuos íntegros, el nepotismo y el amiguismo, el amor
propio y el afán de poder, hacen que cada vez más se encuentran actos de corrupción.
Para fortuna de las sociedades existe cada vez más un mayor consenso en el
ámbito internacional en el desarrollo de un discurso fundamentado sobre el
perjuicio que la corrupción puede causar no sólo a los países pobres y a su
crecimiento económico, sino al sistema económico y comercial así como a
la integridad de los Estados.
Ante los escándalos de corrupción en
el mundo han comenzado a surgir acciones para fomentar la Ética
Pública. Sin embargo, algunos gobernantes y funcionarios aún se encuentran
lejos de vivir con ética. Para que sean eficientes, los gobiernos y
administraciones públicas, deben contar con individuos íntegros. Aquí es
donde entra la ética al formar y seleccionar a los servidores públicos y
reiterarles que es necesario hacer bien las tareas y actuar con responsabilidad
y eficiencia. Por el sólo hecho de hacer una acción buena o hacerla bien
ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por
sencilla que parezca, es difícil de alcanzar y no todos los que participan en
el ámbito público realizan bien sus tareas, pero lo peor no es que realicen mal
sus tareas o las omitan sino que obtengan ganancias adicionales mediante la
corrupción. La Ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque
tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades
que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común.
La Ética de la función pública es la
disciplina del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un
importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder
público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en
la administración y sus instituciones. Por lo tanto, la Ética es un factor
clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la
conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la
gestión de los asuntos públicos. La forma de evitar que se cometan actos
corruptos y antiéticos en el ámbito público consiste en lograr despertar en
todo servidor la supra conciencia, entendida como una conciencia profunda que
permita a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de
lo que no en cada acto que realice, si no de actuar acertadamente. Es decir, no
basta con que el servidor público posea conciencia respecto de lo que está bien
o no si finalmente actúa de manera indebida. Más allá de comprender lo que es
correcto de lo que no, está el actuar, el poder refrenarse cuando algo es
indebido.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL
PERÚ.
El 14 de diciembre del 2012, se
aprueba el PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012- 2016, el que
considera que el ámbito de aplicación temporal de este Plan Nacional es del
2012 al 2016, y que la elección de esta fecha se justifica en la necesidad de
precisar un horizonte intermedio de aplicación, considerando las políticas de
estado del Acuerdo Nacional vinculados a la lucha contra la corrupción, y el
horizonte de largo plazo para las políticas de estado precisadas por el Plan
Bicentenario Perú al 2021. Por lo tanto el Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción está en plena relación con el plan anticorrupción considerado en el
Plan Bicentenario al 2021.
El Plan Nacional de Lucha contra la
corrupción, considera que es de aplicación y cumplimiento obligatorio para el
Poder Ejecutivo, los Organismos Constitucionalmente autónomos, los Gobiernos
Regionales, los Gobiernos Locales.
La presentación del Plan Nacional de
Lucha contra la Corrupción y las expectativas que representa nos compromete a
todos los peruanos y peruanas, organizaciones públicas y privadas, a unir
esfuerzos que contribuya a luchar de manera real, firme y decidida contra la
corrupción. En el Perú, los ciudadanos hemos perdido confianza en la aplicación
de las políticas y planes que han sido producto de largos debates y arduas
discusiones debido a su limitada efectividad. Esta experiencia nos ha
permitido corroborar que cuando se habla de luchar contra la corrupción, cada
peruano y peruana, así como cada organización, se siente moralmente
comprometido y, en función a ello, espera que sus autoridades asuman un
liderazgo que a través de acciones concretas les permita percibir el fin de la
impunidad y oscuridad que tanto daño han hecho a nuestra sociedad.
El letargo y la pasividad en la
aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores, la postergación o
dilación innecesaria y dolosa en la aplicación de acciones efectivas, la
imposición de barreras institucionales, la crítica destructiva que no genera aportes,
la falta de compromiso, concertación y participación efectiva de las
instituciones y nuestra limitada disposición de diálogo y atención de los
problemas ciudadanos, también constituyen una forma de corrupción. Los efectos
perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya
que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos.
La percepción generalizada de que todos somos corruptos se traduce en la falta
de respeto a los empleados y servidores públicos. La corrupción no nos permite
un adecuado desarrollo económico y social, acompañado de un crecimiento moral,
además, destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias
sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad
y afecta al sistema democrático.
Conocedores de esta problemática y
asumiendo los trascendentales retos que enfrenta nuestro país, el Poder
Ejecutivo asume el liderazgo en la lucha contra la corrupción mediante la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para acabar con la cultura de oscuridad
e impunidad en la administración pública. La tarea no es sencilla, pero somos
conscientes de que con voluntad lo podemos lograr.
El Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción, para su lucha frontal contra este flagelo de la sociedad, considera
5 objetivos, 15 estrategias, cada una de ellas con sus respectivas
acciones.
Objetivo 1: Articulación y
coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.
Estrategia 1.1. Propiciar mecanismos
de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen
funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.
Estrategia 1.2. Fortalecer a las
entidades públicas que luchan contra la corrupción.
Objetivo 2: Prevención eficaz de la
corrupción.
Estrategia 2.1. Fortalecer el sistema
de control interno en todas las entidades de la administración pública.
Estrategia 2.2. Implementar y
fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los
controles que aseguren su efectividad.
Estrategia 2.3. Asegurar la
transparencia y acceso a la información en la administración pública.
Estrategia 2.4. Garantizar el enfoque
de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administración
pública.
Estrategia 2.5. Fortalecer el régimen
de contratación pública.
Objetivo 3: Investigación y sanción
oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial.
Estrategia 3.1. Asegurar un marco
normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.
Estrategia 3.2. Fortalecer los
procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la
corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.
Objetivo 4: Promoción y articulación
de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector
empresarial en la lucha contra la corrupción.
Estrategia 4.1. Desarrollar una
cultura anticorrupción en la sociedad.
Estrategia 4.2. Promover la
utilización de mecanismos de transparencia, acceso a la información,
participación y vigilancia ciudadana.
Estrategia 4.3. Promover la
participación del sector empresarial en la prevención, denuncia y sanción de la
corrupción.
Estrategia 4.4. Promover la
participación de los medios de comunicación en la construcción de una cultura
de valores y vigilancia.
Objetivo 5: Posicionamiento del Perú
en espacios internacionales de lucha contra la corrupción.
Estrategia 5.1. Asegurar la
participación activa del Perú en los espacios internacionales de lucha contra
la corrupción.
Estrategia 5.2. Fortalecer los procedimientos
de cooperación judicial internacional.
COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN
Ante la necesidad de continuar con
los avances en la lucha contra la corrupción del país, el Poder Ejecutivo ha
considerado conveniente propiciar la articulación de los poderes del Estado,
Organismos Constitucionales Autónomos, Gobiernos Regionales y Locales, Gremios
Empresariales, Colegios Profesionales, y demás representantes de la Sociedad
Civil, para lo cual estableció la necesidad de la conformación de una Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción que tenga por finalidad proponer mecanismos de
articulación de la lucha anticorrupción entre el Poder Ejecutivo, los demás
Poderes del Estado, las instituciones que tienen como misión jugar un rol en
cualquiera de los niveles de lucha anticorrupción, los empresarios, la prensa y
el Acuerdo Nacional.
El 28 de Enero del 2010, la
Presidencia del Consejo de Ministros promulga el Decreto Supremo Nº
016-2010-PCM, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto
de coadyuvar en la articulación, coordinación y planificación, a mediano y
largo plazo, de las acciones a cargo de las Entidades públicas y privadas dirigidas
a prevenir y combatir la corrupción en el país. Asimismo, se encarga de
realizar la supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de
Lucha Contra la Corrupción. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
creada tendrá carácter permanente y se encontrará adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros, manteniendo independencia en su actuación. Por
Decreto Supremo N° 039-2010-PCM del 27 de marzo del 2010, se
modifica la conformación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
creada por el Decreto Supremo N° 016-2010-PCM.
Mediante LEY Nº 29976, del 3 de enero del 2013, se crea la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con
el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de
corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en
el país, derogando el Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está
conformada por:
a) El Presidente del Congreso de la República.
b) El Presidente del
Poder Judicial.
c) El Presidente del
Consejo de Ministros.
d) El Ministro de
Justicia y Derechos Humanos.
e) El Presidente del
Tribunal Constitucional.
f) El Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura.
g) El Fiscal de la
Nación.
h) El Presidente de
la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales.
i) El Presidente de la Asociación de
Municipalidades del Perú (AMPE).
j) El Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo
Nacional.
k) El Coordinador General de la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción,
que participa en las sesiones de la Comisión con
voz pero sin voto.
l) La Contraloría General de la República, la
Defensoría del Pueblo, el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), la Asamblea Nacional de Rectores, el
Presidente del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), el Presidente
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP),
un representante de las centrales sindicales de trabajadores del Perú, el
representante de la Iglesia Católica y la Evangélica y el Director Ejecutivo
del Consejo de la Prensa Peruana, actuarán en calidad de instituciones
observadoras, pudiendo sus titulares participar en las sesiones de la Comisión con
voz pero sin voto.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tiene
las funciones siguientes:
1. Proponer al Poder Ejecutivo las políticas de
corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción de
manera intersectorial e intergubernamental.
2. Proponer al Poder Ejecutivo el Plan Nacional
de Lucha contra la Corrupción.
3. Fomentar y propiciar una cultura de valores
en la sociedad peruana.
4. Coordinar con las entidades responsables su
contribución al cumplimiento de las normas de transparencia y ética y la
participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios
públicos, los actos de la administración y el manejo presupuestal de cada
entidad.
5. Promover la articulación de esfuerzos de las
entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción.
6. Coordinar con las
Comisiones Regionales Anticorrupción la ejecución de la política y el Plan
Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel regional.
7. Exponer ante el Pleno del Congreso de la
República el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupción.
LA CONTRALORIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
En atención a las atribuciones y
competencias asignadas en la Constitución Política y la Ley N° 27785, la
Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, ejercen
un rol fundamental frente a la lucha contra la corrupción, desarrollando sus
atribuciones de supervisar la correcta y transparente utilización de los
recursos públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y
detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinando, como
consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de
los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las
autoridades competentes.
La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el accionar
del Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control interno
como del control posterior, dentro de los conocidos ciclos del control
administrativo del Estado, tan es así que, entre otros aspectos, a través de la
Ley de nepotismo y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y
prohibiciones de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, así como
la Ley de declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los
Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, encargan a la
Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la supervisión
y control del cumplimiento de las citadas normas.
Si bien el control interno previo es ejercido por la propia entidad estatal en
función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización,
reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad,
compete al Sistema Nacional de Control, formular oportunamente recomendaciones
para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus
decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y
operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas
administrativos, de gestión y de control
interno.
Es dentro de este contexto de competencias que la Contraloría General de la
República ha establecido mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad
administrativa y constituyan parte del ambiente de control que deben mantener y
garantizar todas las autoridades institucionales, a través de las Normas
Técnicas de Control Interno y en especial de las Normas de Control Interno para
una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en la Función
Pública.
En cuanto al control posterior
externo, al Sistema Nacional de Control, en particular a su ente rector, la
Contraloría General de la República, le ha sido atribuido el cometido de
supervisar, entre otros aspectos, la transparencia en la utilización de los
bienes y recursos públicos y en el ejercicio de las funciones de los servidores
y funcionarios públicos, con relación a los resultados obtenidos y al
cumplimiento de su normativa
Este concepto de transparencia en la Gestión Pública, referido como uno
de los criterios que debe considerar la auditoría gubernamental entre los
criterios de evaluación, junto con la legalidad la eficacia y la eficiencia,
hace necesario estructurar un esquema de trabajo específico para el efecto,
puesto que deberemos también mediante nuestras técnicas evaluar el nivel de
transparencia con que los servidores y funcionarios públicos se conducen. Entre
otros aspectos que implican la transparencia tenemos la observancia de los
conflictos de intereses establecidos para el probo desempeño de la función
pública, el nivel de responsabilidad con que se conducen los agentes públicos.
La transparencia informativa respecto de los Sistemas de Administración
Financiera y a la ciudadanía, así como la transparencia personal de las
autoridades para, por ejemplo, presentar su declaración jurada de bienes y
rentas.
Además, dentro de la evaluación del control interno, el Órgano Contralor deberá
dar prioridad a la necesidad de apreciar el nivel de probidad alcanzado al
estructurarse el control interno de las entidades del Estado. Dentro de este
contexto, resaltan el cumplimiento de la obligación de titulares y funcionarios
con poder de decisión en la Administración Pública, de promover la adopción de
políticas que fomenten la integridad y valores éticos en los funcionarios y
servidores, las mismas que contribuyan al desempeño eficaz de las funciones
asignadas, así como la obligación de los directivos de las entidades
responsables de adoptar acciones para establecer y mantener el orden y la
disciplina interna, así como, elevar la moral de los
servidores.
Sin embargo, actualmente se aprecia en las entidades un desarrollo incipiente
de políticas, estrategias, programas u otras acciones que conlleven a superar
los bajos niveles de transparencia en la gestión pública.
RESÚMEN FINAL
1.- La excelencia en la gestión de
los intereses colectivos no se podrá alcanzar sin formar a los servidores
públicos en sólidos criterios de conducta ética, por lo tanto, el comportamiento
correcto de éstos es una condición para lograr un buen gobierno.
La Ética aplicada a la función
pública implica servicio a la ciudadanía, es un elemento clave para la creación
y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones al
elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta,
eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos
públicos.
La ética concentrada sólo en
los funcionarios y ajena a los políticos, lleva directamente al fracaso. Una de
las causas de que exista una crisis de confianza en las instituciones públicas
se debe a la corrupción cometida por los dirigentes gubernamentales, políticos
y funcionarios. Para recuperar la credibilidad en ellos es necesario
reforzar los hábitos y el espíritu de servicio. Esta tarea es la que compete a
una ética pública, el generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y
las metas que justifican su existencia. Las altas normas de conducta ética son
factores claves si se quiere alcanzar el reconocimiento de buen gobierno.
Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que fomente, opere y
practique verdaderamente la ética pública.
2.- Para recuperar la confianza en
las instituciones públicas es importante primero conocer cuáles son las causas
por las que ésta se ha perdido, aunque en términos generales es posible decir
que hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Cuando se miente, se
engaña, se promete y no se cumple, mientras existen necesidades que nunca son
satisfechas, los ciudadanos dejan de creer.
La ética en los servidores públicos
no se reduce a una lista de buenos principios, implica un cambio esencial en
las actitudes de cada individuo. Se debe traducir en actos concretos orientados
hacía el interés público. En otras palabras, implica el ejercicio de la virtud
por parte de los servidores públicos. Si se cuenta con personal con sanos
principios, sin duda es posible lograr buenos gobiernos, los que a su vez
pueden obrar con excelencia y calidad, lo cual supone poseer y hacer efectivos
los medios para satisfacer la pluralidad de intereses. A pesar de existir
acuerdos de carácter internacional, una legislación vigente, así como algunos
organismos para fomentar la ética y combatir la corrupción, muchos políticos y
funcionarios están lejos de vivir con ética.
3.- La ética pública es un
instrumento poderoso para frenar la corrupción al presentar principios y
valores que frenan las conductas delictivas por lo que es necesario
incorporarla para combatirla. Utilizando la ética se logra despertar en todo
servidor público la supra conciencia entendida como una conciencia profunda que
permite a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de
lo que no en cada acto que realiza, sino de actuar acertadamente.
Mientras no cambie la mentalidad de
los gobernantes y funcionarios públicos que se prestan a prácticas corruptas
hacía una probidad e integridad, seguiremos en el desvío de fines e
incumplimiento de las metas. Ningún gobierno podrá operar de manera óptima si
antes no educa en la honradez y probidad a su personal. De no frenar la
corrupción al interior de los gobiernos y administraciones públicas la
injusticia y la desigualdad en la sociedad seguirán en aumento generando un
mayor malestar y rencor en la ciudadanía.
4.- El hecho de reconocer la ética, como una herramienta de trabajo es
ya un elemento importante aunque aún no se haya logrado establecer los
mecanismos que verdaderamente lleguen al fondo de los servidores públicos
produciendo en ellos una transformación.
Cualquier intento por combatir la
corrupción fracasará sobre todo cuando la responsabilidad de esta misión recae
en gobernantes corruptos. La mejora en las sociedades no será posible sin una
mejora en los gobiernos acompañada de un proyecto ético. Si no se consigue que
gobernantes y funcionarios tengan una actitud, positiva, abierta, solidaria y
flexible acompañada de principios y valores enraizados de manera profunda,
cualquier intento por introducir nuevos programas, modelos y técnicas para
modernizar la administración y hacer que esta sea más eficiente será nulo. Ello
es así, puesto que cualquier instrumento o programa es operado por los
individuos, la rendición de cuentas, el control presupuestario, la
aplicación de las leyes, las evaluaciones, los sistemas para fomentar la
calidad, el servicio civil de carrera, etc. Introducir una técnica para
intentar mejorar un servicio cuando no existen las condiciones adecuadas puede
ser contraproducente. Implementar un Servicio Civil de Carrera en un ambiente
de corrupción, carente de ética, que es operado por personas carentes de
valores puede dar por resultado estabilidad laboral para los corruptos al no
existir las condiciones para realizar las oposiciones, por lo que, en cierta
manera, se institucionaliza la corrupción. Cualquier mejora en la operación de
los organismos públicos apoyada en técnicas e innovaciones hacía una mayor
eficiencia y responsabilidad, sólo será posible si se acompaña de principios y
valores éticos.
5.- Ni la ética por sí sola ni las
técnicas de la Nueva Gestión Pública podrán alcanzar las transformaciones
necesarias para la eficiencia administrativa. El fomento de la ética de
manera unilateral corre el riesgo de quedarse en un discurso. La conducción de
la vida pública y de los asuntos que implica, no se reduce a cuestiones
técnicas, requiere de la totalidad de los factores que integran la vida del
hombre, teórica, cultural, histórica, social y ética. De esta manera, el
conjunto de normas y controles no garantizan que el servidor público actúe de
forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas a fondo
puede cubrir el vacío que el contexto produce. Una mayor efectividad de la
ética sólo será posible si se acompaña de la educación de manera que esta
influya en la cultura social. La ética no puede quedarse sólo en el personal
administrativo, debe llegar a la más alta jerarquía del gobierno. También debe
alcanzar a los partidos políticos, sacarlos de la letanía en que se hallan
metidos, y hacer que sus militantes se renueven, ejerciten la autocrítica y no
el servilismo de partido.
RESÚMEN FINAL SOBRE EL PLAN NACIONAL.
1.- La corrupción es un fenómeno que
afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los
derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario,
unidireccional, que no se concentra en un solo sector o institución; por el
contrario, tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario
social, político y económico.
2.- La lucha contra el fenómeno de la
corrupción requiere de un trabajo estratégico con enfoques interdisciplinarios,
considerando las múltiples formas que adopta y las nefastas consecuencias que
trae consigo en nuestra sociedad. Así, una respuesta integral para prevenir y
combatir dicho flagelo lo constituye el Plan Nacional de Lucha Contra la
Corrupción, instrumento que sirve para delimitar las acciones que emprenderá el
país a través de sus entidades públicas, la sociedad civil y el sector privado.
3.- De manera particular, el
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción está construido sobre una matriz de
objetivos, estrategias y acciones generales. Su enfoque general y abierto de
líneas matrices requiere del desarrollo posterior de planes institucionales que
lleven a terreno operativo los objetivos planteados en él. Así, el Plan orienta
y marca los criterios de construcción de planes operativos institucionales que
permitirán, en base a acciones concretas, establecer elementos de cambio
respecto al fenómeno de la corrupción teniendo en consideración la importancia de
diferenciar la pequeña corrupción de la gran corrupción y los enfoques de
prevención y combate de la corrupción.
4.- Si bien el ámbito de aplicación
del Plan Nacional es transversal a todas las entidades, existe información que
permite válidamente colegir que existe mayor riesgo de corrupción en el sector
educación, sector salud, Policía Nacional, Municipalidades, sistema judicial y
sistema penitenciario. En razón de ello, resulta necesario poner especial
énfasis en la aplicación de este Plan y en la construcción de estrategias
específicas y acciones concretas en estos sectores.
5.- La lucha contra la corrupción
implica necesariamente un enfoque preventivo y de combate. Dichos enfoques
complementarios entre sí permiten brindar una respuesta integral contra la
pequeña y gran corrupción, pues de un lado permite construir en la ciudadanía y
en la administración pública una cultura de rechazo a la corrupción, y, de otro
lado, permite eliminar lagunas de impunidad.
6.- La Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, constituye un espacio de coordinación y articulación de
esfuerzos e iniciativas en materia anticorrupción que evita la dispersión, la
disonancia o la duplicación de esfuerzos y de actividades tanto de las
instituciones del Estado, como de las organizaciones de la sociedad civil, de
las agencias de cooperación internacional y de las instituciones.
Una mirada coordinada resulta importante en una lucha clara,
organizada y directa contra la corrupción.
7.- Es fundamental la difusión tanto
del Plan Nacional, a través de los medios especializados, sin embargo resulta
más importante aún establecer un mecanismo comunicacional que permita dar a
conocer a la ciudadanía las iniciativas anticorrupción que resulten exitosas,
así como las acciones llevadas a cabo y los objetivos cumplidos. La difusión y
el conocimiento de estos resultados permitirán generar una opinión pública
favorable, mejorar la confianza en las instituciones y dar el mensaje a la
ciudadanía de que es posible construir un Estado más justo, en donde la lucha
contra la corrupción sea una realidad tangible y con resultados positivos.
Cusco, setiembre del 2021
CPCC.
MIGUEL ANGEL ALATRISTA GIRONZINI
Contador Benemérito del Perú
Contador Símbolo del Cusco
