martes, 22 de agosto de 2017

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

VI CONVENCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ÉTICA
Es la ciencia de la conducta humana, que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias.      
Se dice que la Ética es una ciencia, porque es una disciplina racional ya que parte de los actos humanos y los transporta hasta llegar a sus principios.
La Ética es un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales basados en la experiencia y fundados en principios.
La ética puede definirse como la ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos según principios racionales.
La ética es una parte de la filosofía, de ahí que su método y características de investigación hayan de concordar con ésta disciplina.
Diversos autores coinciden en señalar que las virtudes o valores básicos del ser humano son: la prudencia, la fortaleza, la templanza, la Justicia, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, la bondad, el agradecimiento, la responsabilidad, la libertad, la amistad, la belleza, la paz, la laboriosidad.
Además a estos nosotros podemos agregar la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el respeto a la dignidad de las personas.

CORRUPCIÓN
La corrupción, se define, como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado, Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político, o simplemente como el uso arbitrario del poder.  Se define a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.  La corrupción también ha sido definida como el comportamiento político desviado (falta de ética política); conducta política contraria a las normas jurídicas (falta de ética jurídica y política) y usurpación privada de lo que corresponde al dominio público. Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares.
La corrupción se define como un acto racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa e indirectamente.
La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural.
Esta tendencia se presenta y existe en todo tipo de organizaciones, en dónde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas susceptibles a sus circunstancias y situaciones.
Sin embargo mucho se ha intentado hacer para combatir este mal que desquebraja la sociedad de una manera voraz, dando resultados poco notorios.
El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.
Consecuencias de la corrupción
·         Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.
·         Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos.
·    Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.
·   Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular.
·         Revitaliza una cultura corrupta y contribuye a su proliferación. 

      LA ÉTICA EN SU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Un análisis exhaustivo respecto a la manera de impedir la corrupción y evitar que los individuos que ocupan cargos públicos practiquen actitudes indebidas conduce a la afirmación de que la causa inevitable de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público, y esto sucede porque el individuo decide realizar la acción corrupta. Si el individuo ya ha decidido cometer un acto corrupto, planeará la manera de evadir las normas y los mecanismos de control. En todo caso está en él la decisión de actuar o frenarse.
Esto puede lograrse aminorar gracias a la sensibilización, al desarrollo de la conciencia, a la madurez de juicio, resultando el establecimiento de unos principios internos y un dominio del carácter. Son los principios y el carácter los que impiden o hacen actuar a una persona, y la ética es la disciplina que los muestra.
Así llegamos al campo de la ética,  la cual, al ser aplicada al ámbito público, pasa a denominarse “ética pública” o “ética para la administración pública”. La ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no sólo requiere funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios.  La ética pública es un elemento importante para hacer contrapeso no sólo a la corrupción sino a las distintas actitudes antiéticas al inyectar un conjunto de principios y valores y así  revitalizar por un lado a las instituciones públicas y por otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas personas que ocupan un cargo público y sirven al Estado, políticos y funcionarios. La ética no pretende ser la solución a los problemas que enfrenta la administración pública,  ni la varita mágica para acabar con la corrupción, sino un instrumento más  para combatirla. 
La ética en los servidores públicos es un elemento que auxilia para lograr concientizar en sólidos principios de conducta ética y así generar una mayor excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos, los funcionarios y equipo técnico, al trabajar para los políticos y ser los operadores de las instituciones públicas, se convierten en corresponsables de la función de gobierno
 La ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía.  Es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. La ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.
Toda persona que participa de la función pública, debe tomar conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado.  El servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. El político y el funcionario público no deben olvidar que están para servir a la comunidad no para servirse de ella. Todo buen gobernante sirve a su país y no se sirve de él.
La corrupción es el resultado del descuido que se ha tenido en la implementación y práctica de la ética en el ámbito público,  son las distintas actitudes antiéticas de los servidores públicos.  La corrupción, aparece en distintos gobiernos y administraciones públicas al grado de que es posible afirmar que hoy en día la corrupción es un fenómeno mundial.  Si bien la corrupción ha acompañado al hombre en su historia, es en las últimas décadas del siglo XX cuando los casos conocidos han sido inauditos.  Actualmente, la corrupción es una enfermedad dentro de los gobiernos. No obstante es importante señalar que en los últimos años cobra importancia el interés por combatir este mal mediante distintas maneras, una de ellas la ética pública.
 La causa inevitable e irreductible de la corrupción, es la conducta deshonesta del actor público. La corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una acción determinada, la acción corrupta. Y esa es precisamente la razón por la que siempre existirá la corrupción, no hay ningún sistema de control posible ni ningún antídoto tan eficaz para impedir totalmente una opción individual de este tipo.  En todo caso ese sistema o antídoto tendrá mucha más fuerza si es interna al individuo (principios y valores) que si es externa (códigos, leyes). La política y la vida pública están corrompidas. El desvío de fines y recursos económicos dentro de los gobiernos y administraciones públicas del mundo es una realidad cada vez más evidente. La corrupción es un vicio que se ha establecido y es ya una característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector público como en el privado,  se concluye que ningún país en el mundo es inmune a la corrupción política.  El problema abarca una variedad de actos cometidos por líderes políticos antes, durante o después de dejar el cargo. Incluye actos proscritos por las leyes nacionales e internacionales así como actividades que son ilegales, pero que tienen una influencia corruptora en el proceso político,
El costo de la corrupción Sin duda es demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos con repercusiones evidentes en la que políticos y funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones para beneficio propio, solos o en complicidad con grupos, desviando los recursos públicos y afectando a una parte de la sociedad al generar desigualdad. La inmoralidad es un componente de la sociedad, una realidad que produce sectores marginados o condenados a la pobreza.
En cualquier caso los efectos que conlleva la corrupción son negativos, turbulencia, confusión, incertidumbre, anarquía, desconfianza de la población en el gobierno, lentitud deliberada en los servicios, derroche de recursos, desaprovechamiento y perdida del patrimonio, uso indebido de las funciones, negligencia en el personal público, tráfico de influencias, malversación, inadecuado uso del patrimonio público, etc.
 Hay varios canales a través de los cuales la corrupción dificulta el desarrollo económico. Entre estos se incluyen la reducción en la inversión extranjera directa, incremento desmesurado del gasto del gobierno, distorsión de la composición del gasto de gobierno alejándose de la educación, la salud y el mantenimiento de las infraestructuras, hacía unos proyectos públicos menos eficientes que tienen un mayor ámbito para la manipulación y las oportunidades de obtención de sobornos.
La lucha contra la corrupción no sólo debe ser en lo macro mediante estrategias institucionales que intenten ser impactantes, ya sea porque se anuncian en los medios de comunicación o porque se hacen escándalos públicos.  La pelea no es virtual, general y abstracta por el contrario deber ser real, individual, práctica y palpable. De nada sirven convenios, declaraciones, amenazas, nuevas leyes si para el corrupto son letra muerta.  Aunque los actos de corrupción son reales, son como fantasmas, fugaces,  por lo que es difícil percibirlos. Sabemos que existe, incluso sabemos quiénes  son corruptos, pero ante la ausencia de evidencias es difícil actuar.  El combate a la corrupción normalmente cubre los elementos institucionales y represivos pero concentra poca atención en la prevención de la conducta del individuo.  La corrupción es uno de los retos más grandes que enfrenta el mundo contemporáneo. Su práctica genera alteraciones en la vida diaria y transforma los valores de los pueblos. Debido a que durante el acto de corrupción una de las partes pertenece a la administración pública, se hace necesario que aquellos que forman parte del sector público sean individuos íntegros, el nepotismo y el amiguismo, el amor propio y el afán de poder, hacen que cada vez más se encuentran actos de corrupción.  Para fortuna de las sociedades existe cada vez más un mayor consenso en el ámbito internacional en el desarrollo de un discurso fundamentado sobre el perjuicio que la corrupción puede causar no sólo a los países pobres y a su crecimiento económico, sino  al sistema económico y comercial así como a la integridad de los Estados.
Ante los escándalos de corrupción en el mundo han comenzado a surgir acciones para fomentar  la Ética Pública.  Sin embargo, algunos gobernantes y funcionarios aún se encuentran lejos de vivir con ética. Para que sean eficientes, los gobiernos y administraciones públicas, deben contar con individuos íntegros.  Aquí es donde entra la ética al formar y seleccionar a los servidores públicos y reiterarles que es necesario hacer bien las tareas y actuar con responsabilidad y eficiencia.  Por el sólo hecho de hacer una acción buena o hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar y no todos los que participan en el ámbito público realizan bien sus tareas, pero lo peor no es que realicen mal sus tareas o las omitan sino que obtengan ganancias adicionales mediante la corrupción. La Ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común.
La Ética de la función pública es la disciplina del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por lo tanto, la Ética es un factor clave para elevar la calidad de la  administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. La forma de evitar que se cometan actos corruptos y antiéticos en el ámbito público consiste en lograr despertar en todo servidor la supra conciencia, entendida como una conciencia profunda que permita a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de lo que no en cada acto que realice, si no de actuar acertadamente. Es decir, no basta con que el servidor público posea conciencia respecto de lo que está bien o no si finalmente actúa de manera indebida. Más allá de comprender lo que es correcto de lo que no, está el actuar, el poder refrenarse cuando algo es indebido.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ.
El 14 de diciembre del 2012, se aprueba el PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012- 2016,  el que considera que el ámbito de aplicación temporal de este Plan Nacional es del 2012 al 2016, y que la elección de esta fecha se justifica en la necesidad de precisar un horizonte intermedio de aplicación, considerando las políticas de estado del Acuerdo Nacional vinculados a la lucha contra la corrupción, y el horizonte de largo plazo para las políticas de estado precisadas por el Plan Bicentenario Perú al 2021. Por lo tanto el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción está en plena relación con el plan anticorrupción considerado en el Plan Bicentenario al 2021.
El Plan Nacional de Lucha contra la corrupción, considera que es de aplicación y cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, los Organismos Constitucionalmente autónomos, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales.
La presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y las expectativas que representa nos compromete a todos los peruanos y peruanas, organizaciones públicas y privadas, a unir esfuerzos que contribuya a luchar de manera real, firme y decidida contra la corrupción.  En el Perú, los ciudadanos hemos perdido confianza en la aplicación de las políticas y planes que han sido producto de largos debates y arduas discusiones debido a su limitada efectividad.  Esta experiencia nos ha permitido corroborar que cuando se habla de luchar contra la corrupción, cada peruano y peruana, así como cada organización, se siente moralmente comprometido y, en función a ello, espera que sus autoridades asuman un liderazgo que a través de acciones concretas les permita percibir el fin de la impunidad y oscuridad que tanto daño han hecho a nuestra sociedad.
El letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y corruptores, la postergación o dilación innecesaria y dolosa en la aplicación de acciones efectivas, la imposición de barreras institucionales, la crítica destructiva que no genera aportes, la falta de compromiso, concertación y participación efectiva de las instituciones y nuestra limitada disposición de diálogo y atención de los problemas ciudadanos, también constituyen una forma de corrupción. Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos. La percepción generalizada de que todos somos corruptos se traduce en la falta de respeto a los empleados y servidores públicos. La corrupción no nos permite un adecuado desarrollo económico y social, acompañado de un crecimiento moral, además, destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático.
Conocedores de esta problemática y asumiendo los trascendentales retos que enfrenta nuestro país, el Poder Ejecutivo asume el liderazgo en la lucha contra la corrupción mediante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para acabar con la cultura de oscuridad e impunidad en la administración pública. La tarea no es sencilla, pero somos conscientes de que con voluntad lo podemos lograr.
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, para su lucha frontal contra este flagelo de la sociedad, considera 5 objetivos, 15 estrategias,  cada una de ellas con sus respectivas acciones.
Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.
Estrategia 1.1. Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.
Estrategia 1.2. Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción.
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.
Estrategia 2.1. Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administración pública.
Estrategia 2.2. Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.
Estrategia 2.3. Asegurar la transparencia y acceso a la información en la administración pública.
Estrategia 2.4. Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administración pública.
Estrategia 2.5. Fortalecer el régimen de contratación pública.
Objetivo 3: Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial.
Estrategia 3.1. Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.
Estrategia 3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.
Objetivo 4: Promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción.
Estrategia 4.1. Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad.
Estrategia 4.2. Promover la utilización de mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana.
Estrategia 4.3. Promover la participación del sector empresarial en la prevención, denuncia y sanción de la corrupción.
Estrategia 4.4. Promover la participación de los medios de comunicación en la construcción de una cultura de valores y vigilancia.
Objetivo 5: Posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción.
Estrategia 5.1. Asegurar la participación activa del Perú en los espacios internacionales de lucha contra la corrupción.
Estrategia 5.2. Fortalecer los procedimientos de cooperación judicial internacional.

COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN
Ante la necesidad de continuar con los avances en la lucha contra la corrupción del país, el Poder Ejecutivo ha considerado conveniente propiciar la articulación de los poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos, Gobiernos Regionales y Locales, Gremios Empresariales, Colegios Profesionales, y demás representantes de la Sociedad Civil, para lo cual estableció la necesidad de la conformación de una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que tenga por finalidad proponer mecanismos de articulación de la lucha anticorrupción entre el Poder Ejecutivo, los demás Poderes del Estado, las instituciones que tienen como misión jugar un rol en cualquiera de los niveles de lucha anticorrupción, los empresarios, la prensa y el Acuerdo Nacional.
El 28 de Enero del 2010, la Presidencia del Consejo de Ministros promulga el Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto de coadyuvar en la articulación, coordinación y planificación, a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las Entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir  la corrupción en el país. Asimismo, se encarga de realizar la supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.  La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción creada tendrá carácter permanente y se encontrará adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, manteniendo independencia en su actuación.  Por Decreto Supremo N° 039-2010-PCM  del 27 de marzo del 2010, se  modifica la conformación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción creada por el Decreto Supremo N° 016-2010-PCM.
Mediante LEY Nº 29976, del 3 de enero del 2013, se crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, con el objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país, derogando el Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM.   
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está conformada por:          
a) El Presidente del Congreso de la República.  
b) El Presidente del Poder Judicial.   
c) El Presidente del Consejo de Ministros.           
d) El Ministro de Justicia y Derechos Humanos.        
e) El Presidente del Tribunal Constitucional.     
f) El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.    
g) El Fiscal de la Nación.         
h) El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.      
i) El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). 
j) El Secretario Ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional. 
k) El Coordinador General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,  
que participa en las sesiones de la Comisión con voz pero sin voto. 
l) La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Asamblea Nacional de Rectores, el Presidente del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), el Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), un representante de las centrales sindicales de trabajadores del Perú, el representante de la Iglesia Católica y la Evangélica y el Director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, actuarán en calidad de instituciones observadoras, pudiendo sus titulares participar en las sesiones de la Comisión con voz pero sin voto.

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tiene las funciones siguientes: 
1. Proponer al Poder Ejecutivo las políticas de corto, mediano y largo plazo para la prevención y lucha contra la corrupción de manera intersectorial e intergubernamental. 
2. Proponer al Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 
3. Fomentar y propiciar una cultura de valores en la sociedad peruana. 
4. Coordinar con las entidades responsables su contribución al cumplimiento de las normas de transparencia y ética y la participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios públicos, los actos de la administración y el manejo presupuestal de cada entidad.     
5. Promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción.      
6. Coordinar con las Comisiones Regionales Anticorrupción la ejecución de la política y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción a nivel regional. 
7. Exponer ante el Pleno del Congreso de la República el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. 

LA CONTRALORIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
En atención a las atribuciones y competencias asignadas en la Constitución Política y la Ley N° 27785, la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la corrupción, desarrollando sus atribuciones de supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes.       
La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el accionar del Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control interno como del control posterior, dentro de los conocidos ciclos del control administrativo del Estado, tan es así que, entre otros aspectos, a través de la Ley de nepotismo y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y prohibiciones de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, así como la Ley de declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento,  encargan a la Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la supervisión y control del cumplimiento de las citadas normas.      
Si bien el control interno previo es ejercido por la propia entidad estatal en función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización, reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad, compete al Sistema Nacional de Control, formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno.        
Es dentro de este contexto de competencias que la Contraloría General de la República ha establecido mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad administrativa y constituyan parte del ambiente de control que deben mantener y garantizar todas las autoridades institucionales, a través de las Normas Técnicas de Control Interno y en especial de las Normas de Control Interno para una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en la Función Pública.   
En cuanto al control posterior externo, al Sistema Nacional de Control, en particular a su ente rector, la Contraloría General de la República, le ha sido atribuido el cometido de supervisar, entre otros aspectos, la transparencia en la utilización de los bienes y recursos públicos y en el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, con relación a los resultados obtenidos y al cumplimiento de su normativa
Este concepto de transparencia en la Gestión Pública, referido como uno de los criterios que debe considerar la auditoría gubernamental entre los criterios de evaluación, junto con la legalidad la eficacia y la eficiencia, hace necesario estructurar un esquema de trabajo específico para el efecto, puesto que deberemos también mediante nuestras técnicas evaluar el nivel de transparencia con que los servidores y funcionarios públicos se conducen. Entre otros aspectos que implican la transparencia tenemos la observancia de los conflictos de intereses establecidos para el probo desempeño de la función pública, el nivel de responsabilidad con que se conducen los agentes públicos.
La transparencia informativa respecto de los Sistemas de Administración Financiera y a la ciudadanía, así como la transparencia personal de las autoridades para, por ejemplo, presentar su declaración jurada de bienes y rentas.
Además, dentro de la evaluación del control interno, el Órgano Contralor deberá dar prioridad a la necesidad de apreciar el nivel de probidad alcanzado al estructurarse el control interno de las entidades del Estado. Dentro de este contexto, resaltan el cumplimiento de la obligación de titulares y funcionarios con poder de decisión en la Administración Pública, de promover la adopción de políticas que fomenten la integridad y valores éticos en los funcionarios y servidores, las mismas que contribuyan al desempeño eficaz de las funciones asignadas, así como la obligación de los directivos de las entidades responsables de adoptar acciones para establecer y mantener el orden y la disciplina interna, así como, elevar la moral de los servidores. 
Sin embargo, actualmente se aprecia en las entidades un desarrollo incipiente de políticas, estrategias, programas u otras acciones que conlleven a superar los bajos niveles de transparencia en la gestión pública.

RESÚMEN FINAL
1.- La excelencia en la gestión de los intereses colectivos no se podrá alcanzar sin formar a los servidores públicos en sólidos criterios de conducta ética, por lo tanto, el comportamiento correcto de éstos es una condición para lograr un buen gobierno. 
La Ética aplicada a la función pública implica servicio a la ciudadanía, es un elemento clave para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones al elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.
La  ética concentrada sólo en los funcionarios y ajena a los políticos, lleva directamente al fracaso. Una de las causas de que exista una crisis de confianza en las instituciones públicas se debe a la corrupción cometida por los dirigentes gubernamentales, políticos y funcionarios.  Para recuperar la credibilidad en ellos es necesario reforzar los hábitos y el espíritu de servicio. Esta tarea es la que compete a una ética pública, el generar convicciones, forjar hábitos, desde los valores y las metas que justifican su existencia. Las altas normas de conducta ética son factores claves si se quiere alcanzar el reconocimiento de buen gobierno. Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que fomente, opere y practique verdaderamente la ética pública.
2.- Para recuperar la confianza en las instituciones públicas es importante primero conocer cuáles son las causas por las que ésta se ha perdido, aunque en términos generales es posible decir que hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Cuando se miente, se engaña, se promete y no se cumple, mientras existen necesidades que nunca son satisfechas, los ciudadanos dejan de creer.
La ética en los servidores públicos no se reduce a una lista de buenos principios, implica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo. Se debe traducir en actos concretos orientados hacía el interés público. En otras palabras, implica el ejercicio de la virtud por parte de los servidores públicos. Si se cuenta con personal con sanos principios, sin duda es posible lograr buenos gobiernos, los que a su vez pueden obrar con excelencia y calidad, lo cual supone poseer y hacer efectivos los medios para satisfacer la pluralidad de intereses. A pesar de existir acuerdos de carácter internacional, una legislación vigente, así como algunos organismos para fomentar la ética y combatir la corrupción, muchos políticos y funcionarios están lejos de vivir con ética.
3.- La ética pública es un instrumento poderoso para frenar la corrupción al presentar principios y valores que frenan las conductas delictivas por lo que es necesario incorporarla para combatirla. Utilizando la ética se logra despertar en todo servidor público la supra conciencia entendida como una conciencia profunda que permite a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de lo que no en cada acto que realiza, sino de actuar acertadamente.    
Mientras no cambie la mentalidad de los gobernantes y funcionarios públicos que se prestan a prácticas corruptas hacía una probidad e integridad, seguiremos en el desvío de fines e incumplimiento de las metas. Ningún gobierno podrá operar de manera óptima si antes no educa en la honradez y probidad a su personal. De no frenar la corrupción al interior de los gobiernos y administraciones públicas la injusticia y la desigualdad en la sociedad seguirán en aumento generando un mayor malestar y rencor en la ciudadanía. 
4.- El hecho de reconocer la ética, como una herramienta de trabajo es ya un elemento importante aunque aún no se haya logrado establecer los mecanismos que verdaderamente lleguen al fondo de los servidores públicos produciendo en ellos una transformación. 
Cualquier intento por combatir la corrupción fracasará sobre todo cuando la responsabilidad de esta misión recae en gobernantes corruptos. La mejora en las sociedades no será posible sin una mejora en los gobiernos acompañada de un proyecto ético. Si no se consigue que gobernantes y funcionarios tengan una actitud, positiva, abierta, solidaria y flexible acompañada de principios y valores enraizados de manera profunda, cualquier intento por introducir nuevos programas, modelos y técnicas para modernizar la administración y hacer que esta sea más eficiente será nulo. Ello es así, puesto que cualquier instrumento o programa es operado por los individuos,  la rendición de cuentas, el control presupuestario, la aplicación de las leyes, las evaluaciones, los sistemas para fomentar la calidad, el servicio civil de carrera, etc. Introducir una técnica para intentar mejorar un servicio cuando no existen las condiciones adecuadas puede ser contraproducente. Implementar un Servicio Civil de Carrera en un ambiente de corrupción, carente de ética, que es operado por personas carentes de valores puede dar por resultado estabilidad laboral para los corruptos al no existir las condiciones para realizar las oposiciones, por lo que, en cierta manera, se institucionaliza la corrupción. Cualquier mejora en la operación de los organismos públicos apoyada en técnicas e innovaciones hacía una mayor eficiencia y responsabilidad, sólo será posible si se acompaña de principios y valores éticos.
5.- Ni la ética por sí sola ni las técnicas de la Nueva Gestión Pública podrán alcanzar las transformaciones necesarias para la eficiencia administrativa.  El fomento de la ética de manera unilateral corre el riesgo de quedarse en un discurso. La conducción de la vida pública y de los asuntos que implica, no se reduce a cuestiones técnicas, requiere de la totalidad de los factores que integran la vida del hombre, teórica, cultural, histórica, social y ética. De esta manera, el conjunto de normas y controles no garantizan que el servidor público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas a fondo puede cubrir el vacío que el contexto produce. Una mayor efectividad de la ética sólo será posible si se acompaña de la educación de manera que esta influya en la cultura social. La ética no puede quedarse sólo en el personal administrativo, debe llegar a la más alta jerarquía del gobierno. También debe alcanzar a los partidos políticos, sacarlos de la letanía en que se hallan metidos, y hacer que sus militantes se renueven, ejerciten la autocrítica y no el servilismo de partido.

RESÚMEN FINAL SOBRE EL PLAN NACIONAL.
1.- La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario, unidireccional, que no se concentra en un solo sector o institución; por el contrario, tiene diferentes formas y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico.
2.- La lucha contra el fenómeno de la corrupción requiere de un trabajo estratégico con enfoques interdisciplinarios, considerando las múltiples formas que adopta y las nefastas consecuencias que trae consigo en nuestra sociedad. Así, una respuesta integral para prevenir y combatir dicho flagelo lo constituye el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, instrumento que sirve para delimitar las acciones que emprenderá el país a través de sus entidades públicas, la sociedad civil y el sector privado.
3.-  De manera particular, el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción está construido sobre una matriz de objetivos, estrategias y acciones generales. Su enfoque general y abierto de líneas matrices requiere del desarrollo posterior de planes institucionales que lleven a terreno operativo los objetivos planteados en él. Así, el Plan orienta y marca los criterios de construcción de planes operativos institucionales que permitirán, en base a acciones concretas, establecer elementos de cambio respecto al fenómeno de la corrupción teniendo en consideración la importancia de diferenciar la pequeña corrupción de la gran corrupción y los enfoques de prevención y combate de la corrupción.
4.- Si bien el ámbito de aplicación del Plan Nacional es transversal a todas las entidades, existe información que permite válidamente colegir que existe mayor riesgo de corrupción en el sector educación, sector salud, Policía Nacional, Municipalidades, sistema judicial y sistema penitenciario. En razón de ello, resulta necesario poner especial énfasis en la aplicación de este Plan y en la construcción de estrategias específicas y acciones concretas en estos sectores.
5.- La lucha contra la corrupción implica necesariamente un enfoque preventivo y de combate. Dichos enfoques complementarios entre sí permiten brindar una respuesta integral contra la pequeña y gran corrupción, pues de un lado permite construir en la ciudadanía y en la administración pública una cultura de rechazo a la corrupción, y, de otro lado, permite eliminar lagunas de impunidad.
6.- La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, constituye un espacio de coordinación y articulación de esfuerzos e iniciativas en materia anticorrupción que evita la dispersión, la disonancia o la duplicación de esfuerzos y de actividades tanto de las instituciones del Estado, como de las organizaciones de la sociedad civil, de las agencias de cooperación internacional y de las instituciones.  Una  mirada coordinada resulta importante en una lucha clara, organizada y directa contra la corrupción.
7.- Es fundamental la difusión tanto del Plan Nacional, a través de los medios especializados, sin embargo resulta más importante aún establecer un mecanismo comunicacional que permita dar a conocer a la ciudadanía las iniciativas anticorrupción que resulten exitosas, así como las acciones llevadas a cabo y los objetivos cumplidos. La difusión y el conocimiento de estos resultados permitirán generar una opinión pública favorable, mejorar la confianza en las instituciones y dar el mensaje a la ciudadanía de que es posible construir un Estado más justo, en donde la lucha contra la corrupción sea una realidad tangible y con resultados positivos.

                                                           Abancay, 18 de agosto del 2017 


                                           CPCC. Miguel Angel Alatrista Gironzini   
                                               Contador Benemérito del Perú 
                                               Contador Símbolo del Cusco
                                                                                                                                                                         

viernes, 4 de agosto de 2017

BIOGRAFÍA


   CPCC.   MIGUEL ANGEL ALATRISTA  GIRONZINI

Nací en la ciudad de Puno (Perú) el 15 de noviembre de 1948. Antes de cumplir los cinco años de edad, mis Padres trasladaron su residencia a la ciudad del Cusco, donde inicie mis estudios de educación primaria, luego la secundaria y los estudios universitarios. Hasta la fecha resido en la ciudad del Cusco.

Al concluir mis estudios secundarios en el Instituto Nacional de Comercio Nº. 27 de la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, opté el Título de Contador Mercantil. Mis estudios universitarios los realice en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, habiendo optado primero el grado académico de Bachiller en Ciencias Contables, y después el título profesional de CONTADOR PÚBLICO.

Mi actividad institucional la realizo en el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, donde desempeñé el cargo de  Vice Decano, para luego desempeñar el cargo de Decano en dos oportunidades (4 años). Además, en este Colegio Profesional fui en varios periodos  Presidente del Tribunal de Honor,  Presidente del Comité de Ética Profesional,  Presidente del Comité Permanente Normativo de Ética y Ejercicio Profesional, Presidente del Consejo Consultivo y fui Director Académico del Centro de Estudios y Desarrollo Profesional – CEDEPRO –.
También me nombraron Vicepresidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.

En cuatro periodos consecutivos (8 años), fui designado, en representación del Perú, como Miembro de la Directiva de la Comisión Técnica Interamericana de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Desempeñé por tres periodos (6 años) la Presidencia del Comité Técnico Nacional de Ética y Ejercicio Profesional de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Fui Miembro Titular de la Dirección Técnica Nacional Permanente de Certificación y Recertificación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.

Desempeñé, por cuatro años y medio, la docencia universitaria en el Programa Académico de Contabilidad de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En el ejercicio de la docencia en esta universidad, desempeñé los cargos de Jefe del Departamento Académico de Ciencias Contables y Director del Programa Académico de Contabilidad. Varios años después, el 2011, recibí la distinción como Profesor Visitante de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.

También fui docente de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), habiendo cesado a mi petición como Profesor Principal de Dedicación Exclusiva. Fui nombrado como Profesor Investigador de la UNSAAC   (categoría Extraordinaria). En esta universidad desempeñé los cargos de Director Universitario de Economía, Coordinador de la Carrera Profesional de Contabilidad y Decano Titular de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

Soy Autor de diez libros de la especialidad. Autor de varios trabajos de investigación. Autor de varios  artículos de Ética Profesional, Auditoria, Certificación Profesional  y Contabilidad, escritos para la Revista Oficial y Revista Virtual del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, para el  Colegio de Contadores Públicos de Puno, del que recibí el 2008 el nombramiento como Miembro Honorario del Colegio de Contadores Públicos de Puno; también escribí para  la revista del Colegio de Contadores Públicos de Apurímac, del  Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios, Colegio del que también recibí la condecoración de Contador Símbolo de la Ética, el 2007. Escribí también para otros Colegios  de Contadores del Perú y para  la revista del Colegio de Auditores y Contadores de  Bolivia. Soy autor de artículos de Auditoria escritos en la revista virtual  AUDITOOL, especializada en Auditoria y Control, del país de Colombia.  Autor del artículo "Ética del Contador Público", publicado en la Revista de Contabilidad y Dirección  N° 21 del Consejo General de Economistas Contables de Barcelona – España, en el año 2015.

Soy autor del Código de Ética Profesional del Contador Público del Perú,  vigente desde el   4 de agosto del 2005, y ampliado el 16 de junio del 2007. Autor de tres Trabajos Técnicos Nacionales del área de Ética Profesional, presentado en congresos nacionales del Perú. Expositor de más de ochenta conferencias en espacios académicos y profesionales internacionales, nacionales, regionales y locales. Participé como Ponente y Miembro de la Comisión Técnica Nacional en  Congresos y Convenciones Nacionales de Contadores Públicos del Perú, y en Congresos Nacionales de Docentes Universitarios de Contabilidad. Tuve a mi cargo la organización de más de ciento ochenta seminarios, conferencias, talleres y charlas como docente universitario de Puno y Cusco, como Decano de la UNSAAC, como Decano y Director Académico del Centro de Estudios y Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco.

Realicé el ejercicio independiente de la profesión como Contador, Auditor y Consultor en varias empresas privadas de Lima, Apurímac, Puno y Cusco.

Obtuve varios Reconocimientos por los libros escritos, por la labor realizada como profesional, como docente y la labor institucional a favor de la profesión a nivel nacional e internacional.

Me hice acreedor a dos Premios a la Cultura otorgado por el Instituto  Nacional de  Cultura  del Cusco. 
Obtuve  la Condecoración  de  Contador Público Símbolo del Cusco,  el 2006. Y el mismo año obtuve la  Condecoración  de  Contador  Benemérito  del  Perú, máxima distinción en la profesión contable otorgada en el país.


Cusco, agosto del 2017


jueves, 16 de marzo de 2017

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO PERUANO


La profesión de Contador Público, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información sobre las organizaciones económicas y sociales, lo cual se logra mediante la cuantificación de hechos económicos, a fin de producir información para controlar, planificar, medir y optimizar la gestión, para la efectiva y oportuna toma de decisiones.                                                  
El Contador Público, como depositario de la confianza pública, "da fe" cuando suscribe un documento que expresa opinión sobre determinados hechos económicos pasados, presentes o futuros.

Es potestad de los Colegios Profesionales  fijar unas normas deontológicas, que adaptadas a las realidades de cada profesión, ayuden por un lado a definir con claridad la conducta ética deseable de sus profesionales y por otro lado, eviten comportamientos no deseados que redunden en un desmérito de la profesión en general que desprestigie al colectivo de profesionales que la ejerce.
Los códigos de ética son las normas en que se expresan las ideas centrales de la conducta corporativa de sus integrantes.
El conocimiento y aplicación de lo normado en el Código de Ética Profesional del Contador Público, es de vital importancia en su desempeño profesional. 

El Código de Ética Profesional del Contador Público Peruano, está destinado a servir como norma de conducta a los profesionales de la Contabilidad, que, como profesión de formación científica y humanista, deben orientar su práctica profesional a la función social que desempeñan, promoviendo las condiciones para el progreso económico y bienestar de todos.
El Código de Ética Profesional del Contador Público Peruano, contiene la normatividad para nuestra actuación en todas las labores que realizamos, y se ocupa de nuestra responsabilidad hacia la sociedad.                              
El código de Ética del Contador Público Peruano, está elaborado por la Junta de Decanos y supervisado por los respectivos Colegios Regionales para su cumplimiento.

El primer Código de Ética del Contador Público Peruano fue aprobado en el IX Congreso Nacional realizado en Puno en 1984.
En el XVI Congreso Nacional realizado en Tumbes en 1998, se aprobó el Texto Único Ordenado del Código de Ética.
El XVIII Congreso Nacional de Huaraz en el 2002 emitió la Resolución Nº 21, encargando a la JDCCPP, la revisión de un nuevo código.                      
La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, con fecha 4 de agosto del 2005 emitió la Resolución Nº 013-2005-JDCCPP. aprobando por unanimidad un nuevo Código.    
El Código de Ética, vigente a partir del 4 de agosto del 2005, fue actualizado y modificado de acuerdo al Código de Ética de la IFAC, y de acuerdo a los lineamientos de la Declaración de Obligaciones de los Miembros dispuesto en el Reglamento de Investigación y Disciplina de la JDCCPP.
El nuevo Código de Ética Profesional del Contador Público Peruano, fue aprobado por Resolución N° 015-2015-CD/JDCCPP, de fecha 11 de diciembre del 2015, entrando en vigencia a partir de esa fecha, quedando derogado el anterior Código.                


PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, AMENAZAS Y SALVAGUARDAS
El Contador Público Colegiado, deberá cumplir obligatoriamente los Principios Fundamentales siguientes:
1.  INTEGRIDAD.
El principio de Integridad impone sobre todo Contador Público Colegiado, la obligación de ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales.
La Integridad obliga a que el Contador Público Colegiado, sea sincero, justo, claro, probo e intachable en todos sus actos.
2.  OBJETIVIDAD.        
 El Contador Público Colegiado, no debe permitir que prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros, prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. 
El Contador Público Colegiado, debe actuar y asesorar siempre con independencia e imparcialidad, sin preferencias, manteniendo una posición de equilibrio respecto a las diferentes partes o intereses involucrados.
3.  COMPETENCIA PROFESIONAL Y DEBIDO CUIDADO.
El Contador Público Colegiado, tiene el deber de mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba un servicio profesional competente basado en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas; y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables.
El mantenimiento de la competencia profesional, requiere de conocimientos actualizados y de un entendimiento adecuado de las normas técnicas y profesionales para que los servicios se realicen en forma diligente, eficaz, satisfactoria. Implica también abstenerse de ofrecer servicios en aquellas áreas en las que el contador público colegiado, sus asociados o colaboradores no tengan la competencia o experiencia necesarias para brindar un encargo de adecuada calidad.
4.  CONFIDENCIALIDAD.
El Contador Público Colegiado, debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de sus relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho propio o de terceros.
El Contador Público Colegiado, debe guardar el secreto profesional y tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el equipo bajo su control y las personas de las cuales obtiene asesoría o apoyo, respeten el deber de confidencialidad. Este principio también implica no usar ni pretender usar la información privilegiada recibida en beneficio propio o de terceros, respetando la privacidad de quien le ha confiado información.
5.  COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.
El Contador Público Colegiado, debe cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión.
El correcto comportamiento y respeto a los demás no sólo será aplicable a la actividad profesional sino a todas sus actividades personales y sociales; así como en sus interrelaciones con los colegas, clientes, colaboradores, instituciones y con la sociedad en general; a efectos de mantener una convivencia cordial y pacífica y no afectar la imagen de la profesión.
El Contador Público, cuidará que su actuación aporte también a la protección y desarrollo de la sociedad, de la comunidad en la que trabaja, incluida la profesión que ejerce y el Colegio que los agrupa, de las personas y del medio ambiente.

AMENAZAS Y SALVAGUARDAS
El Contador Público Colegiado, en el desarrollo de sus actividades profesionales deberá considerar aquellas circunstancias que pueden originar amenazas específicas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales.  
Si las amenazas identificadas no son irrelevantes, el contador, debe aplicar salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable de tal forma que no afecte los principios fundamentales. Si el contador no puede adoptar salvaguardas apropiadas debe declinar o suspender el servicio profesional específico involucrado y si es necesario desvincularse del cliente (en el caso del contador que ejerce independiente)   o de la entidad empleadora (en el caso de un contador que ejerce en forma dependiente). 
Las amenazas se pueden clasificar en una o más de las siguientes categorías:
1.    Amenaza de interés propio: amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad.
2.    Amenaza de autorrevisión: Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de una actividad o servicio prestados con anterioridad.
Ocurre cuando el profesional que realizó un servicio de consultoría en un área determinada posteriormente desarrolla un trabajo de auditoría a la misma área para revisar su propio trabajo realizado con precedencia. 
3.    Amenaza de medición: amenaza de que un profesional de la contabilidad promueva la posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad.
4.    Amenaza de familiaridad: amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre demasiado afín a sus intereses  o acepte con demasiada facilidad su trabajo
5.    Amenaza de intimidación: amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de actuar con objetividad.
Las salvaguardas se pueden dividir en dos grandes categorías:
1.    Salvaguardas creadas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias: Incluyen requerimientos de formación, practica y experiencia, normas profesionales, procedimientos disciplinarios de organismo profesional y reguladores y revisiones externas
2.   Salvaguardas en el entorno del trabajo: Comprenden salvaguardas generales de la firma y salvaguardas especificas del compromiso.  


NORMAS GENERALES DE ETICA PROFESIONAL
El Código de Ética Profesional de observancia obligatoria tiene por objetivo establecer las normas que regularán la conducta del Contador Público Colegiado en todas sus actividades e interrelaciones profesionales, sobre la base de las normas de ética internacionales y los lineamientos de la Declaración de Obligaciones de los Miembros 6: Investigación y disciplina.  
El contador Público Colegiado está obligado a adecuar sus actividades e interrelaciones profesionales a las normas establecidas en el presente código de ética profesional.
Las normas contenidas en el presente código de ética profesional, son aplicables a todos los Contadores Públicos Colegiados del país, en forma individual como asociada, tanto en el ejercicio independiente como en relación de dependencia, cualquiera que sea la forma que adopte su actividad profesional y/o la forma o naturaleza de la retribución que perciba.
Este código, asimismo norma las relaciones profesionales del Contador Público Colegiado con sus colegas de profesión.
En el ejercicio profesional, el Contador Público Colegiado actuará con probidad y buena fe, manteniendo el honor, dignidad y capacidad profesional, observando las normas del Código de Ética en todos sus actos.
Ningún miembro de la orden podrá hacer declaraciones públicas en contra de la institución o de algún colega sin haber presentado previamente la denuncia respectiva ante el Comité de Ética de su Colegio.
Cuando un Contador Público Colegiado acepte un cargo incompatible con el ejercicio independiente de la profesión, deberá dejar en suspenso sus actividades profesionales en tanto dure la incompatibilidad, dando a conocer por escrito al Colegio de Contadores Públicos que pertenece, antes de asumir el cargo.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Los Contadores Públicos Colegiados en el ejercicio de funciones como miembros del Consejo Directivo de sus respectivos Colegios profesionales, estarán comprendidos dentro de los alcances del Presente Código cuando:
1.    Transgredan el Estatuto y Reglamentos Institucionales;
2.    No informen al Comité de Ética Profesional sobre procesos administrativos y procesos penales que tuvieran en curso y/o sanciones administrativas y penales consentidas vigentes;
3.    Cuando se utilice indebidamente los recursos y no salvaguarde adecuadamente el patrimonio del Colegio.
El Contador Público Colegiado que actué tanto en función independiente como en relación de dependencia, asumirá responsabilidad profesional en relación a sus informes, dictámenes, declaraciones juradas, etc., que estén refrendados por él.

SECRETO PROFESIONAL
El Contador Público Colegiado tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio, excepto aquella información requerida por las autoridades jurisdiccionales competentes por mandato de la Ley.
Ningún Contador Público Colegiado podrá beneficiarse haciendo uso de la información que obtenga en el ejercicio de la profesión, ni podrá comunicar dicha información a otras personas que pudieran obtener provecho de la misma.
El Contador Público Colegiado podrá consultar i intercambiar impresiones con otros colegas en cuestiones de criterio o de doctrina, pero no deberá proporcionar datos que identifiquen a las personas o entidades de las que se trate, salvo que se encuentre con el consentimiento o autorización expresa de los aludidos o interesados. 

INDEPENDENCIA DE CRITERIO
El Contador Público Colegiado en el desempeño de sus funciones, cualquiera que sea el campo de actuación, debe mantener independencia de criterio, ofreciendo el mayor grado de objetividad e imparcialidad. Sus actuaciones, informes y dictámenes deben basase en hechos debidamente comprobables en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) y de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA’s); así como de las técnicas contables aprobadas por la profesión en los congresos nacionales e internacionales.
Se considera que no hay independencia de criterio ni imparcialidad para expresar una opinión acerca del asunto que se somete a su consideración en función de Auditor, cuando el Contador Público Colegiado sea pariente consanguíneo o colateral sin limitación de grado, del propietario o socio principal de le entidad o de algún director, administrador, gerente o funcionario.
Tampoco se considera que hay independencia de criterio, cuando el Contador Público Colegiado, actuando como Auditor Independiente, está vinculado económicamente o administrativamente con la entidad o sus filiales y con sus directivos, o cuando es propietario de la empresa o tenga vinculación con ella en grado tal, que pueda efectuar su libertad de criterio.
La labor del Contador Público Colegiado como Perito Contable Judicial debe ser objetiva e imparcial, y su actuación debe ser mesurada frente a la intervención de otros colegas.

 RELACION CON OTROS COLEGAS
El Contador Público Colegiado podrá asociarse para el ejercicio profesional, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y los que rijan en el futuro para nuestra profesión.
La sociedad o estudio deberá darse a conocer con el nombre de uno o más de sus miembros y/o sus iniciales, debiendo añadir la expresión de Contadores Públicos Colegiados.
Ningún Contador Público Colegiado podrá ser socio de más de una Sociedad de Contadores Públicos Colegiados.
El Contador Público Colegiado deberá abstenerse en forma absoluta de formular opiniones, comentarios o juicios sobre la intervención profesional o idoneidad de otro colega, cualquier opinión sobre el particular deberá ser expresada ante las instancias pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.

CAMPO DE LA PROFESION
El Contador Público Colegiado en su condicen de hábil, puede ejercer sus actividades profesionales: 
1. En relación de dependencia 
2. En forma independiente.
En el ejercicio de la profesión contable, sea en forma dependiente o independiente, en forma individual o asociada, se deberá respetar el cumplimiento estricto de los Principios Fundamentales del presente código y de las Normas Técnicas y Profesionales aplicables.
El Contador Público Colegiado en relación de dependencia que enfrente conflictos de intereses debe mantener la objetividad pudiendo solicitar orientaciones de la entidad para la que trabaja o de un organismo profesional, un asesor jurídico u otro profesional de la contabilidad, manteniendo el principio de fundamental de confidencialidad.
EL Contador Público Colegiado elaborará y presentará la información financiera o de gestión para uso interno o externo de manera fiel y honesta, sin presiones de ningún tipo y de conformidad con las normas profesionales aplicables con el fin de que la información sea entendible en su contexto. Para el caso de los Estados financieros con fines generales se presentarán de conformidad con las normas de información financiera aplicables.
Para efectos de la interpretación del ejercicio de las actividades profesionales en forma independiente, se considera como tal cuando la actuación del Contador Público Colegiado no está subordinada a los órganos de dirección o a los juicios de sus clientes.
El Contador Público Colegiado para aceptar a un cliente debe evaluar previamente sus propiedades, negocios y si este participa en actividades ilegales (lavado de activos) o prácticas deshonestas en la presentación de la información financiera.  Asimismo sólo podrá aceptar encargos para los cuales pueda desarrollar un servicio de forma competente y honesta. 
Cuando se le solicite sustituir a un contador en ejercicio o realizar una oferta por encargo para sustituirlo en el futuro, deberá investigar si hay razones profesionales o de otro tipo para no aceptar el encargo. 
El Contador Público Colegiado no podrá realizar ningún tipo de trabajo de auditoria o peritaje contable en las empresas en que haya trabajado como contador, sino después de dos años.
El Contador Público Colegiado deberá determinar con sus clientes o usuarios el monto de sus honorarios, para lo cual deberá tener en cuenta las labores o funciones a realizar, la responsabilidad que asume, la importancia de la empresa y otros factores de acuerdo a las circunstancias, de manera que, por exceso o por defecto, dichos honorarios no resulten lesivos a la dignidad profesional.

LOCACION DE SERVICIOS Y ANUNCIO DE SERVICIOS
Los Contadores Públicos Colegiados para la prestación de sus servicios en forma independiente, en todos los casos, deberán suscribir un Contrato de Locación de Servicios Profesionales, en el que deberá establecerse en forma expresa sus obligaciones, responsabilidades, el monto de sus honorarios y la fecha en que deberán ser pagados los mismos. Los honorarios profesionales deberán ser fijados con arreglo al arancel mínimo aprobado por cada Colegio Regional (Departamental).
El Contador Público Colegiado individual o asociadamente podrá ofrecer sus servicios en forma seria, decorosa y mesurada, mediante anuncios en periódicos, revistas, medios electrónicos y otros medios de comunicación. El Contador Público Colegiado que ejerza docencia universitaria no podrá efectuar anuncios de servicios profesionales para la enseñanza y el que no ejerza, no podrá asociar el título profesional en anuncios para la enseñanza regular en institutos, escuelas, academias, ONG’s, etc.
No se considera como publicidad, la divulgación de obras, folletos, boletines, trabajos técnicos o estudios de investigación, de práctica profesional, de orientación o de información elaborados por Contadores Públicos Colegiados, que representen temas de interés general o de la profesión en particular.


SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y DISCIPLINA, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
El sistema de investigación y disciplina es el conjunto ordenado de principios, normas y procedimientos interrelacionados que regulan los procesos de investigación, disciplina y apelación (de ser el caso), por conducta inadecuada del profesional contable, que garanticen un trato justo y efectivo para sus miembros.
Los procesos de investigación, disciplina y apelación serán en el Reglamento de Investigación y Disciplina
Su objetivo es establecer las infracciones y sanciones para aquellos profesionales que fallan en el cumplimiento de las normas éticas, las normas profesionales, los reglamentos institucionales y la legislación vinculada; y por toda conducta inadecuada en el desarrollo de sus actividades profesionales.
Los procedimientos del sistema de investigación y disciplina incluyen
1.    Recepción y tramitación de las denuncias
a)    Denuncia
b)    Investigación
c)    Fallo disciplinario
d)    Apelación
2.    Notificación de las resoluciones
3.    Instrumentación de las sanciones aplicadas
4.    Publicación de los fallos
5.    Plazo para la denuncia

LAS INFRACCIONES
Las infracciones son todas  las acciones u omisiones que transgredan  las disposiciones  establecidas en el presente código de ética, las normas profesionales, reglamentos institucionales y legislación vinculada, vigentes a la fecha de la infracción; así como toda  conducta inadecuada mostrada por los miembros de la orden en el desarrollo de sus actividades profesionales que  perjudique la imagen y el prestigio de la profesión contable, cometidos por contadores públicos  en forma individual o por sociedades de contadores.
Las infracciones, según su gravedad, pueden ser leves, graves o muy graves, las cuales se establecerán en el Reglamento de Investigación y Disciplina.
El Contador Público Colegiado, cualquiera fuera el campo en el que actúa, es responsable de sus actos y considerado causante de una acción de descredito para la profesión, si al expresar su opinión sobre el asunto que haya examinado o sobre cualquier información de carácter profesional:
1.    Encubra un hecho importante a sabiendas que es necesario dejar en forma expresa su opinión, para que introduzca a conclusiones herradas.
2.    Deje de expresar cualquier dato importante en los estados financieros y/o en sus informes, del cual tenga conocimiento.
3.    Incurra en negligencia a emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin haber observado las normas técnicas y procedimientos de contabilidad o auditoria exigidos en las circunstancias, para respaldar su trabajo profesional sobre el asunto encomendado o expresa su opinión cuando las limitaciones al alcance de su trabajo son de tal naturaleza que le limiten emitir tal opinión.
4.    No revele, siendo de su conocimiento, sobre cualquier desviación sustancial de los principios, normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión o de cualquier omisión importante aplicable en las circunstancias.
5.    Induzca a falsear los estados financieros y cualquier otra información de su competencia.
En suma las opiniones, informes, dictámenes y documentos que presente el Contador Público Colegiado deberán contener la expresión de su juicio fundado, sin ocultar o desvirtuar los hechos que puedan inducir a error.

LAS SANCIONES  
Se denomina sanción a la pena que se aplica por el incumplimiento de una norma. Es la consecuencia de la infracción cometida.
El Contador Público Colegiado que, en forma individual o asociada, cometa una infracción, será sancionado por el Colegio de Contadores Públicos de la respectiva Región (departamento).
Según la gravedad de la infracción cometida por el Contador Público, la sanción podrá consistir en:
1.    Amonestación verbal
2.    Amonestación escrita
3.    Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión, para faltas graves hasta tres años y para faltas muy graves más de tres años.
4.    Expulsión y cancelación definitiva de la matrícula en el Registro del respectivo Colegio de Contadores Públicos.
Los documentos de amonestación escrita, las suspensiones temporales y la cancelación definitiva de la matrícula, deberán ser archivados en el file personal, publicadas en la Revista Oficial y en la página Web del respectivo Colegio, así como en el diario en el que se publiquen las notificaciones judiciales. La Suspensión Temporal y la Cancelación Definitiva del Registro deberán, además, ser puestas en conocimiento de manera obligatoria de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su registro y comunicación a todos los Colegios de Contadores Públicos del País y de las entidades relacionadas a la Profesión, así como la publicación en su página Web.
La gravedad de la infracción cometida se evaluará de acuerdo a la trascendencia que la falta tenga en el prestigio y estabilidad de la profesión de Contador Público.
Las sanciones contenidas en el presente Código por las infracciones cometidas son de carácter administrativo institucional, independientemente de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

ORGANOS INSTITUCIONALES
Los Órganos Institucionales encargados de velar por el cumplimiento de las Normas del presente Código de Ética profesional del Contador Público, y que participan en el sistema de investigación y disciplina son:
          El Comité de Ética Profesional, del colegio de contadores departamental 
El Tribunal de Honor, del colegio de contadores departamental 
El Consejo Directivo, del colegio de contadores departamental  
El Tribunal de Honor Nacional de la JDCCPP
El Comité de Ética Profesional es el órgano institucional encargado del proceso investigativo de las denuncias presentadas por terceros o por el propio colegio departamental, por infracciones a las normas del Código de Ética Profesional, las normas  profesionales, los reglamentos institucionales  y la legislación vinculada;  y  por toda conducta inadecuada  en el desarrollo de las actividades profesionales del contador público. El Comité de Ética Profesional elaborará el informe al Tribunal de Honor del colegio de contadores departamental donde determinará si existe o no infracción y de qué tipo. 
El Tribunal de Honor del colegio departamental es el órgano institucional encargado del proceso disciplinario y de resolver en primera instancia y en base al informe del proceso investigativo del Comité de Ética Profesional, las denuncias presentadas por terceros o por el propio colegio de contadores departamental, por infracciones a las normas del Código de Ética Profesional, las normas  profesionales, los reglamentos institucionales  y la legislación vinculada; y por toda conducta inadecuada en el desarrollo de las actividades profesionales del contador público.
El Consejo Directivo es el órgano institucional del colegio de contadores departamental encargado del cumplimiento de las resoluciones expedidas por el Tribunal de Honor de cada colegio de contadores departamental y por el Tribunal de Honor Nacional de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú.
El Tribunal de Honor Nacional es el órgano institucional de la JDCCPP encargado de resolver los recursos impugnativos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por el Tribunal de Honor del colegio departamental. Resuelven en segunda y última instancia administrativa y sus resoluciones tienen el carácter de definitivas; no siendo, en consecuencia, objeto de recurso impugnativo alguno. Sus funciones, composición y atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú.

DISPOSICIONES FINALES 

El presente Código de Ética Profesional entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, quedando derogadas las normas del Código de Ética Profesional anterior. 
El Código de Ética Profesional se regirá  en lo que no esté contemplado en el presente código, en el “Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad” elaborado por el IESBA y publicado por la IFAC que haya sido aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú.
El Código de Ética Profesional tendrá como complemento el Reglamento de Investigación y Disciplina que será aprobado en forma conjunta con el presente código.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los procesos que estuvieran en curso bajo las normas del Código de Ética Profesional anterior, deberán continuar bajo dichas normas hasta la culminación de los mismos. 


CPCC. MIGUEL ANGEL ALATRISTA GIRONZINI
                  CONTADOR BENEMÉRITO DEL PERÚ
                       CONTADOR SÍMBOLO DEL CUSCO

malatrista@gmail.com